Se cumplen 19 años de la liberación de la embajada japonesa en Lima —en concreto la residencia del embajador—, en manos desde hacía cuatro meses del MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), un grupo terrorista que consiguió mantener contra las cuerdas al Gobierno del presidente-dictador Alberto Fujimori. El rescate, pese a las duras negociaciones entre ambas partes, se llevó a cabo de forma sorpresiva a través de túneles que se horadaron bajo las dependencias diplomáticas.
Tres batallones de soldados irrumpieron en su interior y acabaron con la vida de los 14 terroristas que accedieron al inmueble y consiguieron liberar a 71 de los 72 rehenes retenidos desde diciembre de 1996. Todos hombres y vinculados al Gobierno.
EL PAÍS siguió el transcurso de los hechos a través de sus crónicas y portadas del que fue uno de los actos de mayor envergadura del MRTA —vinculado al M-19 colombiano—.
Fujimori, siendo presidente, disolvió el Congreso en abril de 1992 en lo que se conoce como el fujigolpe. Argumentó que con el sistema político existente, él no podía hacer frente al terrorismo. Sendero Luminoso —de corte maoísta— y, en menor grado, el MRTA controlaban parte del territorio nacional. Tras la reelección de 1995, se definía a sí mismo como el artífice de la paz —tal y como declaró en las entrevistas concedidas a Juan Jesús Aznárez y a Miguel Ángel Bastenier publicadas en EL PAÍS—. El conflicto interno peruano se había cobrado al menos 30.000 víctimas en la década de los 80.
El 17 de diciembre de 1996, 14 guerrilleros del MRTA tomaron como rehenes a varios cientos de personas, entre ellos personal diplomático, oficiales del gobierno y militares de alto rango, en la residencia del embajador de Japón en Perú, Morihisa Aoki. El día no se eligió al azar. El grupo guerrillero, de significación marxista-leninista, eligió aquella fecha al celebrarse en el recinto diplomático el 63 aniversario del nacimiento del emperador japonés Akihito.
Las exigencias incluían la salida de la cárcel de más de 400 personas relacionadas con el MRTA. Además, el grupo terrorista pedía que se le dejara una vía de escape hacia la selva —acompañados por un grupo de rehenes— y una revisión de las reformas neoliberales.
Tras unas horas de incertidumbre, cinco diplomáticos fueron liberados para llevar las imposiciones del grupo terrorista al interlocutor del Gobierno, Domingo Palermo, ministro de Educación. Entre ellos, se encontraban los embajadores de Canadá, Alemania, Francia; el agregado cultural de Francia y el diplomático peruano Armando Leca. No consiguieron alcanzar acuerdo alguno. El reloj empezaba a marcar una cuenta atrás a la que aún le quedaban 125 días.
Pese a las imposiciones del MRTA, en un breve periodo de tiempo la mayor parte de los rehenes fueron evacuados. El 20 de diciembre fueron liberadas otras 38 personas, entre ellas un jesuita español.
Los terroristas, que no tenían intención de acortar el secuestro, liberaron a otras 225 personas en vísperas de Nochebuena hasta quedarse con un número manejable de rehenes, pero tenían claro quiénes serían su moneda de cambio: ministros, generales y parlamentarios, además de un hermano de Fujimori.
El proceso encalló durante las semanas siguientes. Mientras, países como EE UU o Japón tomaron posiciones. El primero aconsejaba al presidente de Perú que no se dejara amedrentar por los terroristas. El segundo, exigía prudencia. El día que se produjo el asalto, el ministerio de Asuntos Exteriores de Tokio aseguró que más de un centenar de japoneses o peruanos de origen nipón estaban en manos del comando.
Extracto de la noticia de EL PAÍS publicada el 9 de enero de 1997.
Casi dos semanas después de la toma de la embajada, los terroristas del MRTA dejaron marchar a una veintena de rehenes. Su portavoz, Néstor Cerpa Cartolini, alias comandante Evaristo, accedió a hablar con el interlocutor del Gobierno, el ministro Palermo. Aquel reiteró la petición de liberación de los más de 400 presos a través de la lectura de un comunicado del grupo armado por parte del entonces embajador de la República Dominicana, José Díez. El Gobierno, conmocionado por una situación de excepción, alteró la vida cotidiana de la población: se decretó el estado de emergencia para las ciudades de Lima y El Callao durante los siguientes 60 días.
El presidente peruano, que había visto cómo su popularidad se reducía drásticamente, dio un golpe de mano al destituir a dos altos mandos del Gobierno secuestrados en la embajada. Uno era el general Máximo Vera, jefe del mando antiterrorista y el otro Guillermo Bobbio, director de la Seguridad del Estado. Por otra parte, la oposición le criticó abiertamente por considerar que concentraba demasiado poder en su persona.
Pese a las reiteradas presiones internacionales, Fujimori no dio su brazo a torcer ante las pretensiones de excarcelamiento demandadas por el MRTA. Su mensaje fue inequívoco: “Una especie de indulto lo hemos dado a 5.000 personas, 4.000 de Sendero Luminoso y 1.000 del MRTA. Y no vamos a abrir el indulto. Al contrario, vamos a cerrar estas puertas con doble o triple candado“.
Uno de los factores que impulsó al cabecilla del MRTA —tras la detención de Víctor Polay Campos—, a invadir la embajada fue conseguir que concedieran un indulto a su mujer, encarcelada a cadena perpetua. Este indulto no llegaría nunca. EL PAÍS y La Vanguardia fueron los primeros medios en entrevistar al líder guerrillero. Evaristo advirtió de que una intervención del Ejército sería trágico para todos los retenidos.
En este clima de reproches entre el Gobierno y los asaltantes, se llegaría a un punto sin retorno el 22 de abril. La operación Chavín de Huantar —como se bautizó a la toma de la embajada por parte de 140 militares— se desarrolló en menos de media hora. Fujimori dirigió personalmente el rescate. Los 14 rebeldes emerretistas murieron y fueron enterrados a toda prisa y sin velatorios. El golpe y las posteriores acciones judiciales supusieron el fin del grupo armado. Sólo hubo una víctima entre los 72 rehenes y murieron dos militares.
De este modo, Fujimori consiguió acallar las críticas de la comunidad internacional y, sobre todo, recabar apoyos entre la población. El largo asedio había durado 126 días. “Un país no puede someterse al chantaje del terrorismo”, aseguró en una rueda de prensa posterior a la liberación de los rehenes.
Días después, se conocieron detalles más precisos de cómo se desarrollo la operación. La mayor parte de los capturados estaban avisados de cuándo se iba a producir la entrada en la residencia del embajador japonés. El acceso de las fuerzas armadas peruanas se llevó a cabo por cuatro túneles de 1,5 metros de altura horadados bajo tierra. Un equipo de mineros se puso manos a la obra ex profeso. Alberto Fujimori se dejaría fotografiar en uno de ellos una vez terminado el conflicto.
Tras la liberación, hubo una investigación para esclarecer algunas irregularidades de la misma. Tras una larga odisea judicial, familiares de varios guerrilleros llevaron el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia validó la acción de rescate, pero consideró que al menos uno de los rebeldes había sido ejecutado extrajudicialmente, una vez ya se había rendido y no estaba tomando parte de las hostilidades.
El presidente actual Ollanta Humala fue muy taxativo al asegurar que no pagaría “ni un sol” a los familiares de los terroristas por mucho que lo dijera la Corte.
Fuente: EL PAÍS
