La comisión de Asuntos Laborales (I) aprobó hoy dos iniciativas vinculadas a la erradicación de la violencia de género. Se trata de una solicitud al Congreso Nacional para que incorpore la licencia especial por violencia de género al “Régimen de Licencias Especiales”, – ley de Contrato de Trabajo, Nº 20.744- y de una expresión de beneplácito por la ratificación del Congreso de la Nación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, firmado en 2019 en Ginebra. El presidente del cuerpo, Sergio Fernández Novoa (FT) remarcó la importancia de aprobar estos pronunciamientos un día después del 8M, e instó a continuar avanzando en prácticas de deconstrucción machista.
Al explicar el proyecto de comunicación que le solicita al Congreso la aprobación de la licencia especial por violencia de género, la diputada Ludmila Gaitán (MPN) dijo que el pedido se enmarca en la iniciativa de ley que busca crear este tipo de licencias para el sector público de la provincia. Dicha propuesta, presentada por su bloque político, se encuentra en debate en la comisión de Desarrollo Humano y Social. Reconoció que existen organismos sindicales que ya contemplan este tipo de licencias, pero destacó la importancia de avanzar en una ley provincial –para las trabajadoras estatales – y modificar la nacional – para el sector privado-.
Gaitán mencionó que en la actualidad muchas mujeres se toman licencias psicológicas o de otro tipo cuando son víctimas de violencia de género y requieren de esos días por cuestiones vinculadas a esa situación, tales como realizar la denuncia judicial. “Que se tomen estas licencias inespecíficas, invisibiliza la violencia de género”, aseguró la legisladora, quien dijo además que “es una deuda con las mujeres”.
El proyecto fue aprobado por unanimidad, al igual que la iniciativa de beneplácito por la ratificación parlamentaria del Convenio 190 de la OIT, sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo. En noviembre del año pasado, el Congreso de la Nación ratificó dicho Convenio al convertirlo en ley.
El diputado Carlos Sánchez (UP) mencionó que Argentina se convirtió así en el tercer país en adherir “y tomar la declaración como herramienta fundamental” para la construcción de políticas públicas en la materia.
Al hablar, el legislador dijo que el Convenio considera a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos” incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente, enmarcando la situación dentro de los derechos fundamentales. A la vez, reconoce la incidencia negativa de la violencia laboral en la calidad de los servicios públicos y privados, y la considera incompatible con la promoción de empresas sostenibles, en tanto afecta no sólo a las relaciones de trabajo, sino también a la reputación de las empresas y la productividad.
Al inicio de la reunión, la comisión remitió a archivo un listado de expedientes en el marco de los artículos 110° y 113° del Reglamento Interno.
Participaron de la reunión los diputados Sergio Fernández Novoa, Lucas Castelli, Mariano Mansilla, Germán Chapino, Carlos Sánchez, Andrés Blanco y Fernando Gallia; y las diputadas María Laura du Plessis, Fernanda Villone, Soledad Martínez, Ludmila Gaitán, Ayelén Quiroga y Laura Bonotti.
Neuquén, 09 de marzo de 2021.-
Fuente: Legislatura
